08 de julio de 2018.- Guerra judicial en Brasil por la situación penitenciaria de Lula da Silva. El juez de apelaciones Rogerio Favreto ha vuelto a pedir la liberación inmediata del ex presidente del país, encarcelado por corrupción, después de que un segundo magistrado revocara la orden y decidiera mantenerle en prisión, según informa EFE.

Favreto, juez federal de guardia en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, concedió un «habeas corpus» a Lula, pero la medida fue bloqueada horas después por el magistrado João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en segunda instancia. Favreto pidió en su último auto que Lula sea puesto en libertad en el plazo de una hora.

Nadie esperaba la noticia. Ni siquiera el propio Partido de los Trabajadores estaba al tanto de la posibilidad de que el ex presidente de Brasil Lula da Silva pudiera ser liberado. Pero a media mañana del domingo el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF-4) dio a conocer un pedido de liberación del ex presidente, preso de Curitiba desde el pasado 7 de abril por un crimen de corrupción pasiva y lavado de dinero a 12 años y un mes de prisión. El juez de guardia Rogério Favreto anunció que aceptaba el Habeas Corpus presentado el pasado viernes por los diputados del PT, Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira.

El magistrado determinó la suspensión de la ejecución provisional de la pena y la puesta en libertad de Lula en régimen de «urgencia». En su fallo argumentó que la prisión del ex presidente impediría ejercer sus derechos como precandidato a la presidencia de la República, a pesar de que se encuentra virtualmente inhabilitado después de ser condenado en segunda instancia.

El juez Favreto señaló que muchas de las medidas solicitadas por la defensa de Lula da Silva «fueron desestimadas sin la adecuada atención y algunas no fueron analizadas». Según el magistrado «un posible abuso de la medida de restricción de libertad permite que el proceso pueda ser analizado en cualquier momento», especialmente si la Defensa aporta nuevos hechos como el que Lula da Silva sea hoy un precandidato a la presidencia. «Un proceso democrático como el de las elecciones debe ofrecer las mismas condiciones de participación en cada una de sus fases. Impedir el ejercicio regular de los derechos de un precandidato podría contaminar todo el ejercicio ciudadano de la democracia y profundizar la crisis de legitimidad de nuestras instituciones».

Un pulso entre jueces

A lo largo de la tarde del domingo se desató una guerra interna entre jueces de primera y segunda instancia para definir quién tendría competencia para tomar tal decisión. El magistrado Sergio Moro, quien condenó al ex mandatario en primera instancia a nueve años de prisión y quien se encarga de todos los procesos vinculados con el escándalo de corrupción Lava Jato, advirtió que no permitiría la salida del reo al considerar al magistrado Favreto como una «autoridad incompetente para pasar por encima de una decisión del colegiado de 8º Grupo del TRF-4». Moro advirtió que no podría aceptar la liberación hasta que el juez encargado del caso en segunda instancia en el TRF-4, Joao Paulo Gebran Neto, diera su parecer.

El Fiscal Regional de la República de la 4ª Región, José Omar Pumes, también solicitó que se evaluara de nuevo la decisión del juez Favreto, al entender que este magistrado no tendría competencia para analizar el pedido de Habeas Corpus. Sin embargo el magistrado de guardia insistió en la «liberación inmediata» y recordó que el cumplimiento del permiso de liberación no requeriría mayores dificultades y debería ser efectuado por cualquier agente federal de guardia.

Pero Favreto no fue escuchado por los agentes federales, y poco después el magistrado encargado del caso, Joao Paulo Gebran Neto, determinó que la Policía Federal mantuviera preso al ex presidente: «Determino que la Policía Federal de Paraná se abstenga de realizar cualquier acto que modifique la decisión colegiada del 8º Grupo del TRF-4». Poco después el juez Favreto ordenó de nuevo una tercera orden de liberación y advirtió que de no cumplirse la Policía cometería un delito de «desobediencia de orden judicial».

El juez Rogério Favreto, afiliado durante 20 años al Partido de los Trabajadores, fue el único magistrado del TRF-4 que votó a favor de la apertura de un proceso disciplinar contra el juez Sergio Moro, al alegar que su homólogo de Curitiba llevaría a cabo un proceso de «índole política» y no meramente judicial. Favreto ha sido uno de los muchos juristas críticos con los métodos empleados por Moro en la Operación Lava Jato, a quien acusa de llevar a cabo supuestas escuchas ilegales, abusar de las delaciones premiadas, y de las prisiones preventivas.

Este pulso entre magistrados vuelve a poner sobre la mesa la división de pareceres que ha acarreado la prisión del ex presidente Lula da Silva, entre los que hablan de una condena política para evitar que su candidatura (todavía primera en todas las encuestas) salga adelante, y los que consideran su prisión como un logro para la lucha anti corrupción de Brasil.

(Vía: El Mundo)