18 de Mayo de 2018.- El ministro de Gobierno Carlos Romero informó este jueves que una comisión interinstitucional a la cabeza del Ministerio de Justicia, comenzará a trabajar en la elaboración de “leyes cortas” para reformar la administración de justicia y atacar a consorcios de jueces, fiscales y abogados.

Dijo que a la última sesión de gabinete se explicó la necesidad de aprobar “leyes cortas” para abreviar el procedimiento penal, impulsar la modernización tecnológica, transparencia, fortalecimiento de la oralidad y reducción de plazos procesales.

“Hemos hablado este tema en el gabinete ministerial, vamos a trabajar en una comisión encabezada por el Ministro de Justicia, con el Fiscal General, con los presidentes de los órganos jurisdiccionales, Ministerio de Gobierno, algunas leyes cortas que permitan transparentar el funcionamiento de la justicia”, declaró.

La autoridad considera que mientras haya una época electoral y politizada va ser difícil retomar el derogado Código de Sistemas Penales, porque en su  opinión “no hay condiciones”, pero cree que las “leyes cortas2 pueden ayudar al objetivo de mejorar la administración de justicia.

La reunión de gabinete también dio luz verde al inicio de auditorías jurídicas a casos paradigmáticos de consorcio, a partir del reciente proceso a la juez  Cinthya Delgadillo de La Paz  que según el ministro Romero “es muy grave” y refleja que el principal problema de la justicia son los consorcios que siguen funcionando.

Dijo que a los grupos se les debe atacar con auditorías jurídicas e investigaciones específicas, a fin de dar con los cabecillas y sancionarlos de manera ejemplar. Ese trabajo será coordinado con el Consejo de la Magistratura para determinar quién  podría encargarse de las auditorías.

“Podemos cambiar las normas, acortar los procedimientos, suprimir y simplificar plazos, pero no va a cambiar fundamentalmente la justicia, sino acatamos su núcleo de poder extorsivo que son los consorcios”, declaró.

Explicó que como Ministerio de Gobierno tienen algunos casos que serán presentados para las auditorías jurídicas como el caso de dos abogados en la ciudad de El Alto que se presentaron con un poder notarial falso para recuperar un inmueble incautado, al parecer en coordinación con una juez que está bajo investigación.

Otro caso que tiene en carpeta se presentó en Santa Cruz donde un ciudadano brasileño involucrado en el alquiler de maquinaria incautada en San Ramón, fue liberado, pero da la casualidad que el mismo juez de la causa, de apellido Camacho, declaró prescritos dos procesos judiciales de narcotráfico, por lo que solicitaron abrir un proceso penal.

Aseguró que estas auditorías permitirán ver si falló el fiscal, el juez, se alteró algún procedimiento o se desvirtuó alguna cuestión, porque solamente estableciendo responsabilidades penales contra malos funcionarios judiciales, se podrá sentar precedente.

(Vía : Erbol )