09 de Julio de 2018.- El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, presentó el lunes el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert, en el marco del denominado caso Quiborax.

La presentación fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre, una vez que se cumplió el plazo de 30 días establecido de acuerdo a normativa legal para la acumulación de antecedentes.

“Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso (…). Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Guerrero.

En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.

Los tipos penales denunciados son Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

“La única persona que goza de privilegio constitucional es el expresidente Mesa Gisbert y al Ministerio Público le corresponde pronunciarse solo sobre él”, mencionó el Fiscal General del Estado.

De acuerdo a procedimiento, si la Asamblea Legislativa determina el inicio de Juicio de Responsabilidades, el Ministerio Público comenzará con la etapa de investigación correspondiente.

El Ministerio Público inició la acumulación de antecedentes luego que la Procuraduría General del Estado presentó la denuncia en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert por no cumplir la Ley Nº 2564 y la emisión ilegal del DS 27589 que dieron lugar a la demanda de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI) y el pago de 42,6 millones de dólares.