05 de Junio de 2018.- En la estatal Bolivia TV evitaron, en dos oportunidades,  el ingreso de un perito del Ministerio Público  para que investigue un presunto hecho de corrupción y contrataciones irregulares.

El argumento que planteó el canal estatal es que el fiscal Ramiro Jarandilla, quien entonces fue asignado al caso, no respondió a los memoriales que le presentaron desde la estatal, según el informe que presentó el perito Ronald Rodríguez Soliz.

“El suscrito perito se apersonó  en  fechas 3 y 24 de abril de 2018 a esas dependencias  (Bolivia TV – Canal 7) a objeto de dar cumplimiento a su requerimiento fiscal, en esas dependencias se tomó contacto con la asesora legal de Bolivia TV, Dra. Mariana  Montero, quien indicó que presentó memoriales a su autoridad que a la fecha no tenían respuesta y que no podía realizarse la inspección a esas dependencias hasta que tengan respuestas sus solicitudes”.

En junio de 2017, la ministra de Comunicación, Gisela López, informó que una auditoría detectó al menos seis contratos “con serios indicios de corrupción”. Es así que Fabiola Rollano Peña,  quien entonces era gerente general de  Bolivia TV, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra Gustavo Portocarrero y otros por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Portocarrero, detenido preventivamente en el penal de San Pedro,  negó la acusación y aseguró que las contrataciones son legales y que los equipos que adquirió están en Bolivia TV.

Con esos antecedentes, el fiscal Jarandilla designó el 27 de octubre de 2017 a Rodríguez Soliz como perito del caso y el 5 de marzo de 2018 lo ratificó.

Es en ese contexto que el perito Rodríguez Soliz, en cumplimiento de su trabajo,  visitó en abril  las oficinas de Canal 7  para evidenciar si estaban o no los equipos, pero se vio impedido de realizar su labor.

Ante esa situación, el perito solicitó al fiscal Jarandilla,  mediante nota Cite Lab. Crim. Nº 149/18, que “amplíe  los plazos  procesales para el dictamen correspondiente y remita el requerimiento correspondiente a dependencias del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) para una nueva inspección”.

La solicitud fue atendida por el fiscal Luis Tola, que el 21 de mayo, “bajo advertencia y conminatoria”, instruyó que el “profesional en informática forense Ronald Rodríguez Soliz siga con la pericia” en un plazo de 20 días hábiles para concluir su misión (la fecha límite  se cumple a mediados de este mes).

(Vía . Página Siete )