25 de julio de 2018.- Luego que Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejara en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la decisión de iniciar un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, el exmandatario manifestó esta acción confirma que el Ministerio Público y el TSJ son un brazo ejecutor de un sistema de persecución que judicializa o criminaliza la política a través de juicios de responsabilidades o procesos penales.

La persecución política se transforma y se disfraza como una búsqueda de transparencia que no existe y no es más que es un linchamiento a través de un proceso judicial, enfatizó Mesa.

Reiteró mantiene su posición de acusar al ministro de Justicia, Héctor Arce, como el verdadero responsable por el pago de más de $us 42 millones de indemnización por la expropiación de la firma chilena del Salar de Uyuni.

Un juicio de responsabilidades da paso a un juicio penal y éste tiene como objetivo final que implica la cárcel.

Lo que el presidente Evo Morales hace conmigo es un proceso de demolición de mi figura política, de mi honor, de mi dignidad, y este accionar se traduce en la vergonzosa acusación contra alguien que expulsó una empresa pirata en pro del país, apuntó.

Mesa indicó que la Procuraduría General del Estado debería seguir el mismo proceso que le siguen por el caso Quiborax al presidente Evo Molares por el caso Guaracachi porque ambos se asemejan.

El presidente Evo Morales me invitó para representar a Bolivia en la causa marítima y sólo él puede decirme que dejaré de serlo, mientras continuaré representando al país, aclaró el exmandatario.

Estoy consiente que soy víctima de una persecución política y de la criminalización de la política y mi deber como ciudadano es demostrar al país que estamos dispuestos demostrar cuan podrido está el sistema judicial, expresó Carlos Mesa.