15 de Junio de 2018 .- El Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos conoció la crisis desatada por las denuncias de contaminación de la planta de urea de Bulo Bulo desde el 10 de mayo, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibió las primeras quejas en abril de 2017, según documentos y audios a los que accedió Los Tiempos.

Mientras tanto, los asambleístas departamentales Lizeth Beramendi (Único), Freddy González (Demócratas) y el senador Arturo Murillo denunciaron que las autoridades locales intentaron ocultar el hecho y minimizar las denuncias de los pobladores afectados por la muerte de peces y ganado.

Según fuentes que prefirieron no ser identificadas, el Concejo Municipal recibió la primera denuncia de forma verbal en la sesión realizada el pasado 10 de mayo.

En la segunda sesión del 17 de mayo, la comisión de medioambiente presentó un informe en el que se reconoció la muerte de peces denunciada el 10 del mismo mes.

El informe no precisó las causas del deceso, pero sostuvo que podría haber sido causada por la planta de urea, debido a su cercanía con el río Muñecas, señaló un audio de la sesión.

El 16 de mayo, la comisión realizó una segunda inspección, pero no observó peces muertos y concluyó que no habría contaminación.

Ante la falta de acciones, un grupo de pobladores se presentó en una tercera sesión del 24 de mayo, en cercanías la comunidad afectada, señalaron a Los Tiempos los comunarios que prefirieron no ser identificados.

El sindicato 23 de Marzo presentó una queja informal a YPFB en abril de 2017, afirmaron exdirigentes. Sin embargo, ante la falta de respuesta, los pobladores entregaron un documento el 15 de mayo de 2017, en el que se instó a brindar una respuesta bajo amenazas de bloqueos y movilizaciones.

“(El sindicato 23 de Marzo) determinó dar un ultimátum a vuestras autoridades para darnos una solución a este tema y presentarse en nuestra sede del sindicato con su licencia ambiental”, manifiesta el documento.

(Vía . Los Tiempos )