23 de noviembre de 2018.- Magdalena Saavedra podría haber estado dormida, pero estaba despierta. La noche del 10 de mayo de 2013, en la que alrededor de nueve marinos irrumpieron en su casa de San Luis Potosí y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Esa noche del Día de la Madre la detuvieron, la golpearon, la electrocutaron varias veces y la violaron en grupo, hasta que después de más de 11 horas de soportar lo insoportable accedió a firmar una confesión por la que ha pagado el precio de cinco años y medio de cárcel.

Hace unas semanas un juez determinó que no había pruebas suficientes para inculparla de todos los cargos: posesión de armas, tráfico de drogas y operación con recursos de procedencia ilícita. Hoy está libre y recuerda en una entrevista a este diario su caso que, junto al de otras 28 mujeres, aviva el debate sobre las violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, poco después de que López Obrador anunciara la creación de un nuevo cuerpo militar,la Guardia Nacional, que garantice la seguridad del país.

El caso de Magdalena Saavedra, de 51 años, no ha sido el único que ha denunciado el Centro Prodh, de referencia nacional en la defensa de los derechos humanos. Otras 28 denuncias similares han puesto de manifiesto las terribles prácticas perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado, militares y policías, al detener a sospechosas de colaborar con el crimen organizado entre 2006 y 2015. Según sus cifras, en 16 de los casos hubo violación, en 12 fue tumultuaria. En casi todos, 28, las detenidas fueron abusadas sexualmente, mediante tocamientos y obligadas a desnudarse frente a sus agresores, muchas de ellas señalan en sus demandas que fueron fotografiadas o grabadas en vídeo. Además, han registrado una decena de víctimas de tortura dirigida a los genitales, especialmente mediante descargas eléctricas.

(EL PAÍS)