23 de Julio de 2018.-El ex presidente de la República, Carlos Mesa, manifestó este lunes que los que deben responder por el pago de los 42,6 millones de dólares a la empresa Non Metallic Minerals – Quiborax son tres actuales autoridades del Estado y la ex ministra de Defensa Legal del Estado, recalcó que deben hacerlo de sus propios bolsillos.
La respuesta de Mesa se da tras que el ministro de Economía, Mario Guillén, sostuvo este domingo a medios estatales que: «los procesos que se han iniciado contra el expresidente (Carlos) Mesa van justamente en el sentido de la recuperación de estos 42 millones. Porque si producto de una mala actuación como es lo que ha pasado en este tiempo, nosotros tenemos que pagar 42 millones, entonces alguien ha actuado mal».
Al respecto el exmandatario señaló: «Aquí no se trata de decir quien actuó peor, porque yo actué bien. Yo me apegue a la norma, tanto en la nacionalización como en la revocatoria y la anulación (…). La pregunta que hace Guillen se responde fácilmente ¿Quién actuó mal?».
«Los únicos responsables esta responsabilidad, de esta barbaridad que han cometido delitos de complicidad con abogados chilenos en oficinas de la Procuraduría que han tomada decisiones que corresponden al poder Judicial (…). Estos señores, y lo subrayo. Héctor Arce, ministro de Justicia, el Procurador; Pablo Menacho, el actual ministro de Minería; Cesar Navarro, quien firmó el acuerdo con Quiborax de 42,6 millones de dólares y al exministra de Defensa Legal del Estado, Elisabeth Arismnedi, deben responderle a Bolivia por los 42,6 millones de dólares. Ellos son lo que deben ser llevados a juicio de repetición de carácter civil para responder por ese dinero», declaró Mesa a radio Panamericana.
El ex Mandatario recordó la mala defensa que hicieron Arce, Menacho, Navarro y Arismendi, cuando se detectó que la empresa chilena uso un documento falsificado para de demandar a Bolivia ante el CIADI por nacionalizar el Salar de Uyuni.
Otro elemento dijo que es de lamentar, es cómo el Estado boliviano, mediante Carmiña LLorenti, ex subprocuradora, negocio abiertamente con Chile el pago del laudo arbitral.
Primero, Bolivia negoció con la chilena el pago de $us 3 millones, luego $us 27 millones, pero al final el Estado Plurinacional terminó pagando $us 42,6 millones y se dejó sin efecto un proceso penal por falsificación contra el dueño y el socio de la Quiborax, Allan Fosck y David Moscoso.
(via: URGENTEBO)