12 de septiembre de 2018.- Cuando José María Leyes ingresó a la Alcaldía en mayo de 2015 juró que tenía un patrimonio de 1.372.114 bolivianos. En 2016, informó a la Contraloría General del Estado que la suma alcanzó a 1.127.000, y en julio de 2017, bajó a 1.007.954. Este año no prestó declaración jurada de bienes, pero el lunes la autoridad señaló que su patrimonio rebajó a 700 mil bolivianos.
En su calidad de trabajador público y conforme a ley, debe actualizar sus declaraciones cada año, en la fecha de sus cumpleaños. Leyes festejó el 31 de julio, pero no se ocupó de la Contraloría.
Leyes es Alcalde de Cochabamba y fue suspendido en sus funciones por una presunta comisión de delitos en la compra de mochilas escolares, Además, es investigado por ganancias ilícitas en compras de cámaras de seguridad.
En una entrevista en el programa de televisión No Mentirás, dijo: “De repente, económicamente me iba mejor antes de entrar a la Alcaldía. Son mis primeros tres años como político. Recién ingresé a la carrera política”.
Agregó que vendió su casa para pagar deudas y que vive en casa de su esposa. “Vendimos en diciembre de 2015 y no he podido construir ni comprar ningún otro bien”.
El Alcalde aprovechó la entrevista para asegurar que los procesos y denuncias en su contra tienen tinte político y que el Movimiento Al Socialismo (MAS) “no le perdona” que le haya ganado en Cochabamba, su bastión.
Evitó referirse al caso Mochilas, por el que cumple detención domiciliaria desde abril de este año. No comunicarse con la prensa para hablar sobre este tema es una de las restricciones que se le aplicó en las medidas sustitutivas a la detención. Leyes es acusado de cometer varios delitos en la compra de bolsos escolares para el municipio de Cochabamba. Es acusado de sobreprecio de más de 10 millones de bolivianos.
DECLARACIÓN JURADA En el programa de televisión, el alcalde Leyes dijo que en 2015 ingresó con un patrimonio de 1.200.000 bolivianos, “tomando en cuenta la casa que tenía”, y que todo está en la declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado. Agregó que pidió que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) le inicie una auditoría a sus cuentas y las de su familia.
Sin embargo, el último extracto de la declaración jurada de Leyes, presentada el 31 de julio de 2017, expone un patrimonio neto de 1.007.954 bolivianos y deudas de 69.600.
(Opinión)